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El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el BOE, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
Los cambios introducidos por la Ley afecta tanto a sociedades cotizadas como no cotizadas, por lo que todo tipo de sociedades necesitarán adaptarse a la misma.
¿Cómo afecta al régimen de responsabilidad de los administradores?
La norma prevé cambios sustanciales en el estatuto jurídico del administrador, que se concretan en los deberes exigibles a los administradores, de lealtad y diligencia, y en su régimen de responsabilidad.
En cuanto al deber de lealtad, la Ley reformula su contenido general y endurece su incumplimiento. El administrador no sólo responderá por el daño causado al patrimonio social, sino que deberá devolver el enriquecimiento injusto obtenido.
En cuanto al deber de diligencia o de cuidado, la reforma suaviza su régimen, aclarando que debe atemperarse de acuerdo con las funciones concretas que desempeñe el administrador.
Como novedad significativa, se regula el denominado principio de discrecionalidad empresarial –business judgment rule-, lo que implica que no se enjuiciara al administrador únicamente por el resultado obtenido, sino por la actuación realizada. Se considerará cumplido por el administrador el deber de diligencia, cuando haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
En cuanto al régimen de responsabilidad por daños, son varias las modificaciones con impacto y que pasamos a exponer:
¿Cuándo entran en vigor dichos cambios?
Entrarán en vigor a los veinte días desde la publicación de la Ley en el BOE.
¿Qué hacer ante estos cambios?
Los cambios analizados hacen aún más patente la necesidad del adecuado aseguramiento de los administradores y directivos a través de una póliza de D&O, al objeto de salvaguardar situaciones en las que su patrimonio pudiera encontrarse comprometido y dar cobertura a la adecuada defensa de sus intereses.