Una puerta abierta para el cibercrimen. El Real Decreto 933/2021, aprobado en diciembre en España, que obliga a los hoteles y empresas de alquiler de vehículos a recopilar una cantidad significativa de datos personales de los viajeros, ha levantado numerosas preocupaciones en términos de privacidad y ciberseguridad. Aunque el objetivo declarado de esta normativa es mejorar la seguridad y la trazabilidad, la cantidad y el tipo de datos exigidos abren un debate crucial: ¿realmente es necesario exponer a los ciudadanos a mayores riesgos en un contexto donde las brechas de datos son cada vez más frecuentes?